Donostia. El ex director general de la Hacienda de Gipuzkoa entre los años 1991 y 2003, Víctor Bravo, asumió durante su mandato expedientes de inspección de dos compañías del sector inmobiliario cuyo representante, el empresario guipuzcoano, Javier Arteche, fue imputado en 2006 en una pieza separada en el caso de la operación Malaya.

Según un informe encargado por los actuales responsables de la Hacienda foral y que fue aportado a los trabajos de la comisión de investigación de las Juntas Generales de Gipuzkoa sobre el caso Glass, Bravo gestionó un total de 146 expedientes de inspección de empresas y particulares por razones que nunca motivó. Entre esa documentación se encontraban al menos tres expedientes correspondientes a compañías propiedad de Arteche, al que se le relaciona con el principal imputado en el caso Malaya, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca.

El informe -al que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA- fue elaborado por el asesor externo Juan Bosco Urbieta por encargo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, Pello González, con el objeto de analizar las concesiones del régimen de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE) -entre ellas a la investigada Glass Costa Este Salou, en la que Bravo es socio-, además de los expedientes de inspección que el ex responsable del erario tenía en su poder. Según González, esa documentación se hallaba en un archivador "conocido en el departamento como el armario del director". Durante los trabajos de investigación de la comisión especial de las Juntas Generales los responsables de Hacienda aportaron una parte de las conclusiones a las que había llegado el abogado Urbieta al estudiar los 145 expedientes.

El departamento foral entregó a los junteros de la comisión una "muestra al azar" consistente en siete expedientes, en tres de los cuales aparece Javier Arteche como representante de dos empresas donostiarras. Esas compañías -Obarinsa y Proínsa Desarrollo Siglo XXI- pertenecen al sector de promociones inmobiliarias y ambas han sido investigadas como supuestas beneficiarias de convenios urbanísticos que fueron denunciados hace cuatro años como irregulares por el interventor de Marbella.

Arteche estaría vinculado también a inversiones inmobiliarias en Murcia que también han sido investigadas por su relación con José Antonio Roca. Precisamente el diputado foral de Hacienda, Pello González, informó a las Juntas Generales de que su departamento ha tenido que devolver "fortísimas cantidades por IVA a determinadas empresas que estaban en el régimen de SPE y que fundamentalmente eran inversiones afectadas a la región de Murcia y alrededores".

Siete de 146 Preguntado por los junteros de la comisión acerca de por qué se habían entregado a las Juntas Generales únicamente los datos de siete de los 146 expedientes, Urbieta dijo desconocer las razones por las que el departamento de Hacienda y Finanzas había extraído sólo esa documentación para ser analizada en primer lugar.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación del caso Glass, el departamento de Hacienda arguyó que la Ley de Protección de Datos le impedía aportar información referida a contribuyentes, si bien ya había aportado a los responsables de la Cámara foral las conclusiones del informe del asesor externo con la identificación de varias personas relacionadas con los expedientes que gestionó Bravo.

La información facilitada por Pello González a la comisión de investigación señalaba que Víctor Bravo disponía de un "armario" en el que figuraban expedientes de inspección correspondientes a empresas guipuzcoanas. El Decreto Foral 36/2000 de 4 de abril sobre Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Hacienda y Finanzas atribuyó al director del erario la facultad de ejercitar labores inspectoras, algo que no había sucedido nunca y que no se realiza en otras haciendas.

Así, esa norma permitió a Bravo asumir -a través del personal funcionario- expedientes de inspección siempre que concurrieran "circunstancias especiales". Según el asesor externo contratado por Pello González para analizar la documentación del "armario" de Bravo, no consta en ella argumentación alguna por parte del entonces director general acerca de cuáles eran las circunstancias especiales por las que gestionaba esos expedientes.

Esa ausencia de motivación documentada a la hora de que Bravo asumiera la inspección de esos expedientes podría ser incluida por los junteros de la comisión de investigación en las conclusiones finales, que aún no han sido elaboradas ya que únicamente existe un borrador previo escrito por el presidente del órgano, el socialista Julio Astudillo.

sin indicios Tal como adelantó ayer este periódico, el abogado Urbieta no apreció irregularidades administrativas ni indicios de delito en la actuación de Bravo en la gestión de los expedientes que guardaba en la sede de Hacienda Foral en Donostia.

En los tres expedientes en los que el representante de las empresas afectadas era Javier Arteche, dos de ellos correspondientes a Obarinsa y el tercero a Proínsa Desarrollo Siglo XXI, el asesor contratado por Hacienda no observó anomalías en el cierre de los mismos con actas de conformidad o actas de comprobado y conforme. De todos modos, como hace constar Urbieta en su informe, no hay documentación suficiente en esos expedientes para determinar si su finalización es correcta.

Uno de los expedientes de inspección de Obarinsa se resuelve con la obligación de ingresar 167.558,33 euros y en el acta de conformidad se asegura que Arteche entregó al funcionario encargado del caso un talón de cargo y cartas de pago pertinentes. Sin embargo, esos documentos no figuran en el expediente, razón por la que Urbieta concluye en su informe que "partiendo de la hipótesis de que fuera cierta la emisión y entrega de las cartas de pago, desconozco -pues no consta nada en el expediente de inspección- si tras firmarse el acta de conformidad se pagó o no la deuda o si, en su caso, se prosiguió con la ejecución de la misma por la vía de apremio por parte del servicio correspondiente de la Hacienda Foral".

Los negocios oscuros del 'gilismo' llevan a los tribunales a los hijos de Gil

El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha imputado a María Ángeles Gil Marín, hija del fallecido alcalde de Marbella, por ser la administradora de una sociedad de la familia Gil que participó en una operación de compra de un préstamo del Ayuntamiento de Marbella. Este procedimiento, iniciado a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción tras las investigaciones contables que realizó el Tribunal de Cuentas, tiene su origen en una de las primeras operaciones que abordó Gil a su llegada al Ayuntamiento de Marbella. El 5 de diciembre de 1991 el Pleno municipal aprobó una moción del Grupo Independiente y Liberal (GIL) para expropiar la parcela El Pinillo.

Se trataba de 67.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en el que supuestamente se quería levantar un palacio de congresos. Este acuerdo fue ratificado en abril de 1992, en una sesión plenaria en la que se dio cuenta del acuerdo con los propietarios, con los que se había pactado el pago de 500 millones de pesetas (3 millones de euros). En este justiprecio se incluía la subrogación de un préstamo de 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros) que la finca tenía pendiente con el Banco Exterior de España. El crédito se debía devolver en cuatro años, con un interés nominal de 14,75%, según un informe de la Agencia Tributaria aportado en julio del año pasado al sumario del caso Malaya.

Sin embargo, el Ayuntamiento dejó de pagar las cuotas al banco. En diciembre de 1997, o sea cinco años después de que se ratificara en Pleno la expropiación, la sociedad Rafly le compró el préstamo al Banco Exterior de España y se convirtió en el acreedor. En ese momento el crédito ya ascendía a 2,1 millones de euros. Desde el día 1 de julio de 1997 Rafly era una entidad participada al 50% por Juan Antonio Roca y Gestión Inmobiliaria Mizar, una sociedad de la que era administradora única María Ángeles Gil Marín. El informe de la Agencia Tributaria detalla que la hija del fallecido alcalde de Marbella presumiblemente actuó en esta operación "como testaferro de su padre" y agrega que Rafly era "una mera pantalla, sin actividad, activos ni empleados", por lo que para adquirir el crédito necesitaba "alguna fuente de financiación". Entonces María Ángeles Gil se comprometió en un contrato privado a prestar a Rafly durante 1997 hasta 2,4 millones de euros que, sin devengar interés, deberían ser devueltos antes de diciembre de 1999.

Según los técnicos de Hacienda, la compra del crédito del Ayuntamiento de Marbella se realizó "con un préstamo de Promociones Guadalquivir" que según la documentación intervenida en el caso Malaya se elevó a 2,2 millones de euros. Se da la circunstancia de que Promociones Guadalquivir era una sociedad administrada por el propio Jesús Gil en la que figuraban como apoderados María Ángeles Gil Marín y José Luis Jiménez.

En agosto de 1998, o sea ocho meses después de que Rafly comprara por 2,1 millones de euros el préstamo que el Ayuntamiento tenía en el Banco Exterior de España, se acordó en un contrato privado revender el crédito a Proinsa, una entidad que los investigadores vinculan a Javier Arteche, empresario próximo a Juan Antonio Roca imputado tanto en la causa en la que figura María Ángeles Gil Marín como en el caso Malaya. De acuerdo con la Agencia Tributaria, el préstamo de Promociones Guadalquivir lo devolvió Proinsa "mediante solicitudes de reembolso realizadas por María Ángeles Gil Marín, coincidentes con los desembolsos" que realiza la empresa de Arteche.

Sin embargo, la operación no se realizó finalmente con Proinsa, sino con Benamaina, otra sociedad de Javier Arteche "con la que negocia directamente el Ayuntamiento de Marbella merced a la operación por todos ellos concertada", según la Agencia Tributaria. Rafly le vendió el crédito a Benamaina por 3 millones de euros. El informe precisa que Benamaina compró el préstamo con la "única intención de ostentar la condición de acreedor del Ayuntamiento de Marbella". De esta forma podía compensar el crédito con la entrega de tres fincas segregadas de los terrenos expropiados en El Pinillo. Dándose la circunstancia de que el precio de venta es idéntico al precio que por la cesión del crédito a Benamaina estipuló Rafly".

En ese mismo periodo se creó el escenario propicio para vender la finca El Pinillo. En marzo de 1998 el Ayuntamiento sacó a subasta los terrenos por 2,3 millones de euros, pero la puja quedó desierta. De esa forma, Jesús Gil tenía luz verde para vender directamente los suelos "sin ajustarse a ningún procedimiento legalmente establecido".

Las tres fincas segregadas se entregaron a Benamaina por 3 millones de euros el 30 de julio de 1999. La operación se formalizó por la mañana y ese mismo viernes último del mes de julio se elevaron a públicas las escrituras. Las fuentes consultadas han señalado que por la tarde los terrenos se vendieron a la promotora sevillana Expo-An, del promotor Luis Manuel Portillo, por 4 millones de euros. Ocho meses después Expo-An vendió los suelos a otra empresa de su Portillo, Ábaco Grupo Financiero Inmobiliario, por 17,4 millones. En 2003 los terrenos fueron de nuevo transmitidos a la sociedad granadina Inrama Gestiones, de la que es consejero Luis Manuel Portillo, por 29,4 millones de euros. La Agencia Tributaria concluye que el beneficiario último de la operación no fue Arteche, sino "Luis Manuel Portillo a través primero de Expo-An, después con Ábaco Grupo Financiero y por último con Inrama Gestiones", que fue la titular de una licencia para levantar 328 viviendas, con locales comerciales, sótanos y aparcamientos y 20 chalés unifamiliares.

En el procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (DP 3393/06) están imputadas junto a María Ángeles Gil, una veintena de personas entre las que figuran su hermano Jesús Gil Marín, los empresarios Luis Manuel Portillo y Javier Arteche, además de varios concejales de la época y Juan Antonio Roca. De hecho, el pasado viernes por la mañana mantuvieron un careo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella el ex concejal de Hacienda Antonio Luque y el interventor municipal en las fechas en las que se formalizó la venta de los suelos.

Además, Agencia Tributaria estima que a través de la operación de compra del crédito municipal se blanquearon cerca de 6 millones de euros.