LA ZAGALETA Y LA TRAMA DE LIECHTENSTEIN

 

A raíz del escándalo fiscal destapado en Alemania tras la compra por parte de los servicios secretos alemanes de información procedente del banco LGT, propiedad de la Casa Real de Liechtenstein, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) envió a la Fiscalía Anticorrupción información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein, con 198 titulares y beneficiarios individuales con residencia en España, para su investigación por la posible comisión de delito fiscal.

Tres meses más tarde, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenaba 19 registros simultáneos de bancos y asesorías de Marbella, Barcelona, Madrid y Zaragoza. La operación, denominada Jade-Limusina, se centra en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales.

Según publicaba neg-ocio.com, uno de los despachos intervenidos en Marbella pertenece a Salvador Guerrero, al que se le atribuye la recepción del dinero de Liechtenstein para realizar inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.

Según el mismo digital, la compra de la finca de lo que hoy es la Urbanización La Zagaleta se realizó a través de dicho despacho. Enrique Pérez Flores, uno de los empresarios que figuran en el listado en manos de la Agencia Tributaria, compró hace años la finca a Adnan Kashogui, magnate saudí y conocido traficante de armas.

 

 

La Zagaleta, refugio de blanqueadores de altos vuelos.

Fuentes de la Guardia Civil sitúan en la urbanización La Zagaleta la residencia del finlandés Aki Johhannes Kujala, uno de los hombres fuertes de José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, el gran blanqueador imputado en Ballena Blanca y Fórum Filatélico, actualmente en busca y captura internacional.

Pero Kujala no es el único vecino de La Zagaleta implicado en negocios de blanqueo. Según clavedigital.com, el empresario británico Sean Woodhall, condenado en el Reino Unido a 18 meses de cárcel por un fraude relacionado con las ventas de automóviles, también tiene fijada su residencia personal en esta urbanización de lujo.

Sean Woodhall es, según el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, la pieza que oculta los negocios en la República Dominicana de dos importantes imputados en la trama Malaya, Carlos Sánchez y Andrés Liétor. En el puzzle empresarial que desarrolla el complejo turístico Punta Perla en Bávaro, Woodhall figura como presidente de Worldwide Destinations Plc, y representante de Ocean View Properties.

 

 

Salvador Guerrero, el vocal del PP para la Gestora de Marbella

 

Tras la disolución del Ayuntamiento de Marbella como consecuencia de la operación Malaya, el Partido Popular nombró como miembro de la comisión gestora a Salvador Guerrero.

Guerrero tuvo que renunciar al cargo al conocerse que su despacho, Guerrero Abogados, defendía a 2 de los imputados en Malaya: José Jaén (concejal de Cultura del Ayuntamiento) y Leopoldo Barrantes, (secretario municipal del Consistorio).

Guerrero es además el letrado defensor del ex coordinador de Hacienda y contable del Consistorio, Antonio Calleja, imputado en el 'caso Saqueo 2' de la Audiencia Nacional por la presunta malversación de 41 millones de euros de las arcas públicas.

Guerrero Abogados también lleva la defensa de, al menos, un imputado en el 'caso Ballena Blanca'.

 

 

Guerrero Abogados y el ex juez Antonio Ruiz Villén

 

Antonio Ruiz Villén es socio de Guerrero Abogados, tal y como publica la propia web del bufete.

 

Cuando se produjo el famoso robo de expedientes de GIL, Antonio Ruiz Villén era titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. En total desaparecieron 15 expedientes, 13 de los cuales contra Gil.

 

Ruiz Villén fue Secretario de la Junta de Jueces del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Marbella en tiempos en los que Pilar Ramírez Balboteo era la Juez Decana de Marbella.

 

 

 

La juez Pilar Ramírez Balboteo y la mafia italiana

 

La Fiscalía Anticorrupción acusó a la ex juez decana de Marbella Pilar Ramírez de proteger los negocios comunes de su familia con la mafia. El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, acusó a la familia de la juez de mantener relaciones mercantiles con dos mafiosos italianos, Felice Cultrera y Gianni Menino, y con Jesús Gil.

 

Recientemente, La Opinión publicaba que, según Interpol Roma, en el año 1.991 Felice Cultrera y Gianni Menino "tenían el monopolio del trafico de cocaína de Sudamérica a Europa, blanqueando el dinero procedente del narcotráfico en inversiones en el sector inmobiliario".

 

Esta información propició la instrucción de las diligencias previas 365/91 en el Juzgado Central de Instrucción numero Cinco de la Audiencia Nacional, en las que se investigó a los ya citados, así como al anticuario afincado en Marbella Angelo Salamini y a Ana Muñoz Oriol, hermana de Ángeles Muñoz, la actual alcaldesa de la ciudad.

 

Ana Muñoz Oriol está casada con Felice Cultrera y creó junto con Juan Ramírez, el padre de la juez, la empresa Fisher Island SL.

 

Por su parte, El País relacionaba a Cultrera y a Menino con uno de los capos de la mafia rusa recientemente detenidos.

 

 

 

Caso Hidalgo, Antonio Ruiz Villén y Liechtenstein

 

En la operación Hidalgo (trama de blanqueo internacional), Antonio Ruiz Villén representa al dueño del bufete Cruz-Conde y principal implicado en la trama, Rafael Cruz-Conde, a su socio Guzmán de Lacalle y al economista Luis María Rubio.

 

En relación con el blanqueo de capitales procedentes de todo tipo de actividades delictivas destapado por la operación Hidalgo, El País publicaba que la investigación detectó la compra de inmuebles en España mediante trasferencias de fondos del exterior "por personas o sociedades con residencia en Liechtenstein o representados por abogados con despacho profesional en este país".

 

Es decir, exactamente el mismo modus operandi presuntamente utilizado por Salvador Guerrero, socio de Antonio Ruiz Villén en Guerrero Abogados.

 

 

 

 

.