Bruselas denuncia dos casos de presunto fraude a las subvenciones comunitarias a España
17 jun 2012
Mientras en Valencia avanza la investigación de la llamada "causa de la cooperación", una presunta trama de corrupción en la que estarían implicadas varias ONG's y cargos públicos, desde Bruselas se han denunciado 2 casos de presunto fraude a las subvenciones comunitarias en España. En un caso, el juez ha abierto diligencias contra la empresa sevillana Befesa.
Si observan el vídeo, junto a BEFESA (ABENGOA) aparecen los nombres de Francisco Aguado y de la sociedad Netforce.
De la Operación Poniente de corrupción en El Ejido (Almería), sorprendentemente paralizada, BEFESA, ABENGOA, CAJASOL y CAJASUR:
La trama de El Ejido salpica a Cajasol, CajaSur y Abengoa
Publicado el 22-10-2009 , por J. M. L. Madrid
La bomba de supuesta corrupción que acaba de explotar en El Ejido (Almería) ha salpicado a tres de las vacas sagradas más musculosas e influyentes de la economía andaluza. Cajasol, CajaSur y Abengoa (a través de su filial de gestión de agua Befesa) tienen hilo directo con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), que supuestamente era el eje de la trama que habría malversado unos 150 millones de euros del erario público.
![[foto de la noticia]](http://estaticos02.expansion.com/imagenes/2009/10/21/1256161077_0.jpg)
La acción de la Fiscalía Anticorrupcción ha provocado hasta ahora la detención de 20 personas bajo acusación de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. Todo ello se habría orquestado en torno al alcalde ejidense, Juan Enciso Ruiz, y a través de un complejo entramado societario.
De forma mucho más simple, el cordón umbilical de Elsur conecta con CajaSur, Cajasol y Befesa, sin que éstas necesariamente tuvieran que estar al tanto de los acontecimientos que supuestamente se producían en el municipio almeriense, pese a contar con varios consejeros de renombre en la empresa. Las dos cajas y la filial de Abengoa sumaban, a 31 de diciembre de 2008, casi el 94% del capital social de Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA. Y esta sociedad, a su vez, es propietaria del 70% de Elsur. El otro 30% pertenece al Ayuntamiento.
Es decir, el nudo de serpiente de la trama cuenta con tres inesperados invitados que, sean convidados de piedra o no, tienen algo que decir, en su condición de "dueños" de la firma bajo sospecha. De hecho, según el Informe Anual de 2008 de Agua y Gestión, el principal accionista de la compañía es Befesa Medio Ambiente, cuya participación pesa el 37,38%. La Corporación Empresarial Cajasol S.A. aglutina el 24,26%. El Grupo de Empresas CajaSur S.L. es propietario del 23,20%. Y la ingeniería Itsmo 94 SL es la cuarta en discordia, con un escaso 5,16% de las acciones. A ello se suma un 10% de autocartera, que se reparte entre los socios.
Ahondando en la relación, el presidente de Agua y Gestión, José Marañón es también consejero de Elsur, según Informa D&B, firma especializada en información empresarial. Y Antonio Borrero Villalón, director gerente de Agua y Gestión, es a su vez el vicepresidente de Elsur.
Otro de los consejeros de la compañía ejidense es Miguel Ángel Abad, directivo de Cajasol que también ha desempeñado funciones de apoderado en Agua y Gestión. Desde Cajasol también han participado activamente en el socio mayoritario de Elsur en la época más reciente otros altos cargos como Fernando Faces (ya ex directivo de Cajasol) o Pablo Cantalicio (actual subdirector de la Corporación Empresarial), en representación de una filial inmobiliaria de la entidad o del grupo de empresas participadas.
Por parte de Befesa, el nexo con el Elsur se centra en algunos consejeros como el ex presidente de Befesa Gestión, Carlos Moreno. También se sentaba en la mesa administrativa el ex apoderado de Befesa Justo Bolaño, entre otros, siempre según Informa. De CajaSur sólo se puede saber hasta ahora que estaba representada como persona jurídica en Agua y Gestión.
La relación de estos empleados con la compañía supuesta mente corrupta no implica causalidad alguna, pero enciende un foco sobre su gestión y, sobre todo, abre interrogantes sobre la capacidad de Elsur para ocultar la supuesta trama corrupta y sus presuntas actividades delictivas a sus propios administradores.
Con independencia de que se despejen esas incógnitas, resulta curioso que las cajas se vean nombradas en el escándalo descubierto en El Ejido, que es precisamente el municipio con mayor concentración de sucursales bancarias per cápita de España.
Hemeroteca > 04/04/2002 >
Dos juzgados citan a declarar como imputado por delitos contra la intimidad y detención ilegal al gerente de Emasesa
Dos juzgados de Sevilla han citado a declarar, en calidad de imputado, al gerente de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Sevilla (Emasesa), Francisco Aguado Jiménez, por delitos contra la intimidad y detención ilegal supuestamente perpetrados sobre la persona del Jefe de la Asesoría Jurídica, José Pedro Jiménez, quien ocupó el cargo de director gerente interino de la empresa durante dos años.
El primero de los delitos que se atribuyen presuntamente al gerente de Emasesa, por descubrimiento y revelación de secretos tipificados en el artículo 197 del Código Penal, se refiere a unos hechos ocurridos el pasado 4 de febrero cuando, según el denunciante, se le impidió el acceso a su despacho en la sede de Emasesa y se procedió al "registro" del mismo, en el que había documentación de carácter personal junto a la profesional, informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Según José Pedro Jiménez, el registro del despacho fue ordenado directamente por el gerente de Emasesa, quien, según asegura le ha sometido a vejaciones y degradaciones profesionales por haber denunciado diversas "irregularidades" en algunas adjudicaciones de obras y en otros motivos por los que renunció al cargo de secretario general que también ocupaba junto al de jefe de la Asesoría Jurídica.
Un informe de la consultora Ayesa asegura que la Junta pagó obras sin ejecutar
Llevan a la Fiscalía irregularidades en la modernización de regadíos
Sevilla- «Voy a poner en un papel nombres, apellidos y cantidades». Esta frase la pronunció el pasado 7 de febrero un representante de la empresa Befesa en la sede de la Delegación Provincial de Agricultura de Sevilla en una reunión mantenida con la dirección de la Comunidad de Regantes «Las Marismas del Guadalquivir» y en la que estaban presentes técnicos del departamento que por entonces dirigía a nivel regional la ex consejera Clara Aguilera. Así consta en la denuncia que el presidente de esta institución, Rafael Algarín, trasladó el 28 de mayo a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por presuntas irregularidades en el proceso de modernización de regadíos y que ha provocado que, a día de hoy, esta entidad de derecho público se encuentre en una difícil situación económica; con una obra sin terminar, y teniendo que hacer frente al préstamo que solicitaron a una entidad financiera para abonar la parte no subvencionada de la inversión. Los promotores de esta acción también han dado traslado al Ministerio de Agricultura y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ya que la UE ha aportado fondos comunitarios en este proceso.
Los hechos arrancan el 13 de octubre de 2004, cuando desde el hoy extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) se le concedió a la comunidad de regantes una subvención para la modernización de sus regadíos de 40.119.944 euros correspondiente a un presupuesto máximo subvencionable de 66.608.189,18 euros. Tras la licitación del contrato, finalmente se adjudicó la obra a la empresa Befesa-Construcciones Alpi por un importe de 60.739.165,37 euros porque la dirección general de regadíos de la Consejería de Agricultura rechazó la primera adjudicación, en la que resultó con mayor puntuación otra UTE.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, miembros de la mesa de licitaciónc como el entonces presidente de la Comunidad de Regantes manifestaron que « durante la segunda adjudicación se recibió una llamada telefónica desde la Junta de Andalucía que indicó qué oferta debía ser elegida». La adjudicataria final, la UTE Befesa-Alpi, quedó cuarta en la mesa de calificación. Pese a ello, se hizo con el contrato.
El escrito dirigido al Ministerio Público señala que la UTE Befesa-Alpi acabó subcontratando los trabajos a las empresas que resultaron adjudicatarias en la primera decisión –tumbada por la Junta– o sociedades con administradores comunes.
En noviembre de 2005 comenzaron las obras, pero el proyecto ha sufrido diversos retrasos y las relaciones entre la empresa que iba a ejecutar las obras y los representantes de los comuneros –que engloba los términos municipales de Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Dos Hermanas, todos en la provincia de Sevilla– se rompió en julio de 2009, cuando la comunidad rescindió el contrato con la UTE alegando los retrasos continuos en la obra.
La situación actual es que el proyecto de modernización de regadíos está inconcluso, la comunidad de regantes tiene que hacer frente al pago de las cantidades con recursos propios, y la adjudicataria también le ha interpuesto una demanda por la resolución del contrato.
¿Y cuál es el papel de la Junta de Andalucía en este proceso? La denuncia señala cómo la Administración ha fallado en sus labores de inspección y control, ya que debe velar por el buen uso de los fondos públicos –dinero que proviene de fondos europeos que luego debe justificar ante las autoridades comunitarias–. De hecho, desde la llamada para «señalar» la empresa que debía ejecutar las obras, los denunciantes señalan que los técnicos de Agricultura no han actuado con la diligencia debida. La principal irregularidad: certificar unidades de obras sin ejecutar, es decir, autorizar pagos –las certificaciones debían contar con un inspector facultativo de la Junta– pese a tener constancia de que no se habían realizado los trabajos.
La comunidad de regantes se basa en un informe encargado a la consultora de ingeniería Ayesa de octubre de 2011. Entre otros aspectos, se señala que un mes y diez días después de la firma del contrato y sin apenas avance en la obra real, se pagó a la UTE 4.245.826,56 euros, «los cuales se abonan mediante talón, en lugar de a los 120 días como estaba estipulado en el contrato». Este pago es inusual «por la elevada obra certificada en tan corto espacio de tiempo para su ejecución, teniendo en cuenta que, en la práctica habitual, el primer mes de trabajo se dedica a instalarse en la obra».
No es la única anomalía. El mismo trabajo, aportado a la denuncia, señala que «hasta julio de 2008 se había certificado más cantidad económica y diferentes unidades a las constatables en la obra, siendo esta circunstancia en todo momento conocida por la Consejería de Agricultura y Pesca». Añade también que «en las certificaciones mensuales de obra se han arrastrado una serie de errores y que se ejecutan obras no contempladas en el proyecto».
Los denunciantes apuntan igualmente que para solventar las diferencias con la UTE, la Consejería de Agricultura ofreció la opción de aprobar un proyecto complementario y que debía ser adjudicado «a dedo» a la misma empresa, una ilegalidad que no se llevó a cabo.
